Violencia de Género: Situación Institucional y Revolución Ciudadana en Ecuador
“Las mujeres en el Ecuador, especialmente las feministas, han manifestado de muchas maneras y en diferentes foros su frustración, desilusión y molestia con la revolución ciudadana y particularmente con el presidente Correa y sus más cercanos colaboradores. Las mujeres en funciones y puestos de gobierno, la mayoría, han sido cautelosas y no han vociferado sus posiciones, al menos públicamente, y las pocas que lo han hecho han sido amonestadas y disciplinadas directamente por Correa”.
Soy puertorriqueña y llevo residiendo en el Ecuador corto tiempo. Atraída por la impresionante diversidad y belleza de este país, levanté mis anclas e inicié mi camino a la jubilación en este país suramericano. Estaba además en lo político, atraída por la revolución ciudadana y su enorme potencial en el proceso de reconstrucción y creación de una sociedad justa e igualitaria. Llegué a este país para así de alguna manara vivir ese proceso de transformación social, el cual parecía estar retando seriamente las formas patriarcales de dominación.
Vengo de una larga trayectoria de activismo comunitario y activismo feminista. Viví mi juventud desde la izquierda tradicional caribeña y latinoamericana. Conocí del marxismo, del leninismo, de la teología de la liberación y del sandinismo. Mis heroínas eran Tania la Guerrillera, Lolita Lebrón, Frida Kahlo, Emma Goldman, Rosa Luxemburgo y Ángela Davis.
“Descubrí” el feminismo cuando tenía 16 años de edad y desde su cristal le vi sentido a mis inquietudes con el nacionalismo puertorriqueño, mi inconformidad con la izquierda tradicional y sobre todo el feminismo fue el motor que me llevó a caminos imaginados desde muy niña y encontrados a lo largo de mi vida. Caminos que me llevaron a muchos países y cimentaron experiencias entrañablemente valiosas.
Por más de 25 años viví mi militancia política en Estados Unidos, no solo como activista comunitaria sino también como profesional. Soy psicóloga de profesión y ejercí por mucho tiempo como terapista y como ejecutiva en programas de servicios sociales y programas de salud mental en Nueva York y Filadelfia. Estuve vinculada a las luchas comunitarias desde diferentes espacios políticos, incluyendo las luchas feministas contra la violencia de género.
Esa es mi historia y desde esa historia les hablo, desde esa historia participo en esta conversación.
Ecuador y la revolución ciudadana
En el Ecuador existen las formas legales y constitucionales en donde montar un serio y sostenible proceso social de curación de la violencia de género. De hecho existe un impresionante trabajo constitucional, legal y normativo el cual podría ser el comienzo de un proceso transformativo cimentado en un arrollador movimiento revolucionario, defensor de los derechos humanos y la igualdad, respetuoso de la diversidad y la diferencia, amante de la vida, la naturaleza y amante del buen vivir.
La revolución ciudadana dio los primeros pasos y ha dado pasos gigantescos hacia la distribución más justa de las riquezas nacionales y abrió camino para un gobierno para todos los ecuatorianos desde un espacio consciente de la corrupción y la necesidad de la inversión en la infraestructura nacional, a la vez que se invierte en los recursos humanos- inversión en la salud, en la educación- como necesario participante en la creación de un nuevo país, el pueblo ecuatoriano. Se ha dado en el país un gigantesco esfuerzo y avances formales, institucionales y normativos para propulsar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos/ciudadanas y en particular los derechos las mujeres. En ese contexto de derechos humanos y en el contexto de un serio esfuerzo formal, se crearon leyes y normativas para erradicar la violencia de género.
Rafael Correa y la revolución ciudadana tomó el poder del país (2005) luego de una seria crisis política marcada por décadas de corrupción y pillaje en donde el pueblo ecuatoriano fue total y cruelmente abandonado por sus gobernantes. En los años previos a Correa, el país sucumbe en una inestabilidad política provocada por una serie de ajustes estructurales de tres gobiernos en 5 años. A pesar de la inestabilidad política y décadas de mal gobierno se logran leyes y cambios estructurales previos a la revolución ciudadana los cuales anunciaban el arrollador proceso institucional que se avecinaba.
Ciertos eventos previos a la revolución ciudadana marcaron el inicio de una transformación institucional dirigida a reivindicar los derechos humanos y en particular los derechos de la mujer. Desde 1981 con la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación y años después la Convención de Belén de Parra en 1995 y con el resurgimiento del movimiento de mujeres incluyendo la formación en el 1997 del Concejo Nacional de Mujeres (CONAMU), se pavimenta el camino hacia la constitución del 1998.
Además, en el 1994 se crean las Comisarías de la Mujer y en 1995 se aprueba la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, la Ley 103. Todo este movimiento político y constitucional desemboca en la creación de la nueva constitución de 1998, en la cual partiendo de un marco de derechos humanos reivindica el derecho de una vida sin violencia.
Cabe destacar otras leyes que intentaban la igualdad de derechos y que también fueron precursoras de cambios institucionales en el país, como La ley de Ajuste Laboral de 1997, la cual promulga la contratación de un porcentaje mínimo de trabajadoras y la Ley de Cuotas del 2000 la cual garantiza una cuota minina de mujeres en las listas electorales. Además, es importante mencionar las reformas al código penal (desde 1998) y el procedimiento penal (2005), pues ambas reformas introducen y clarifican aspectos penales con respecto a la violación y al acoso sexual y otras formas de violencia de género.
Previo a la constitución del 2008, Correa por decreto ejecutivo (Decreto Ejecutivo 620) declara como política del estado la erradicación de la violencia de género y establece un plan nacional para combatir la violencia de género, el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género (PNEVG, 2007). Todos estos arriba mencionados esfuerzos institucionales, políticos y legales desembocan en la Constitución 2008.
Aún con la instabilidad política previa y el complejo proceso político que acompañaba la revolución ciudadana, incluyendo la necesidad urgente de inyectar en el país serias reformas infraestructurales y sociales, Rafael Correa y su Alianza País logran transformar institucionalmente al Ecuador, proceso que termina y comienza con la constitución del 2008 y otras leyes secundarias y normativas aprobadas años subsiguientes.
Por ejemplo, La ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2010) crea el mecanismo nacional de las mujeres y la igualdad de género (Consejo de la Igualdad) así como el Plan del Buen Vivir (2009) y Plan de Igualdad de Oportunidades, 2005-2009. La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA), fue creada en el 2011 ofreciendo un marco para metodologías y prácticas de derechos sexuales y productivos basados en una visión laica y de igualdad de género.
La constitución del 2008 declara al país como un estado constitucional, laico, de justicia y derechos. Formula además, políticas para la igualdad y dispone la incorporación del género en las políticas, planes y programas públicos. De igual forma reconoce la diversidad y los derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante reconocer todos estos logros formales y constitucionales, sobre todo hay que reconocer que el movimiento autónomo de mujeres, elementos de la comunidad LGBTI (Comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trangénero e Intergénero), las nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas, al igual que organizaciones gubernamentales como la CONAMU jugaron un papel primordial en este intenso proceso constitucional.
Las organizaciones sociales como las organizaciones de mujeres, la comunidad LGBT, sectores ambientalistas y grupos de diversidad étnica y raciales, incluyendo sectores de la revolución ciudadana (Alianza País), esperaban que este arduo proceso de transformación institucional marcara un cambio significativo de mejoramiento en derechos humanos, especialmente se esperaba que tuviera un impacto positivo en la erradicación de la violencia de género y otras violencias sociales. Es importante mencionar que este trabajo constitucional marcó el comienzo de la participación de la comunidad LGBTI de forma abierta y pública en todas las esferas y niveles del gobierno ecuatoriano.
Si vemos la violencia de género como el cristal que refleja la calidad civil, ciudadana, educativa, cultural y política de una sociedad, pero sobre todo si vemos la violencia de género como el cristal por donde se refleja la integridad y calidad política de gobernación, no nos quedaba más que admirar y respetar todas estas iniciativas y cambios institucionales. Las condiciones institucionales y el debate político necesario para desarrollar una conversación profunda sobre la violencia de género y crear las necesarias acciones para “erradicarla”, estaban creadas en el Ecuador.
Así que no lo pensé dos veces, quería de alguna manera estar cerca de ese proceso y acá llegue hace 17 meses. Vivo en la costa ecuatoriana y actualmente me dedico a escribir sobre feminismo y temas relacionados a la vida cotidiana y la mujer, además hago trabajo voluntario en diferentes organizaciones sociales.
Un cambio que aún no llega
Al llegar al Ecuador y comenzar mi aprendizaje del país y al comenzar a construir relaciones con mujeres feministas, lesbianas, revolucionarias, me fue transparente que los logros constitucionales/formales aún no han generado los cambios deseados y ansiosamente esperados por ciertos sectores del país, especialmente por el movimiento de las mujeres y la comunidad LGBTI. Esto quizás ha contribuido a que en los últimos meses el dialogo nacional sobre igualdad de género ha llegado a un punto muerto.
Simultáneamente a este estancamiento en la conversación nacional sobre los derechos de la mujer, se publica una reciente encuesta reportando aumentos en la incidencia de violencia de género y reflejando mayor visibilidad de la violencia. (Primera Encuesta Nacional sobre Violencia de Género, 2011)
Los datos reportados son indicadores de deficiencias en la implementación de las leyes, y de las normativas y programas para combatir la violencia de género y este reconocimiento ha polarizado aún más el ambiente político.
Hablaremos del estancamiento en la conversación nacional sobre violencia de género y hablaremos de las posibles implicaciones a nivel estratégico y a largo plazo que estas deficiencias en la implementación de las leyes tienen, más adelante.
Discutiremos primero los datos presentados en la encuesta, los cuales claramente reflejan un aumento en las incidencias de violencia de género. Se registraron aumentos de violencia en todos los renglones cuantificados. Para 2011, 3.260.340 mujeres fueron objeto de violencia de género en el país, en otras palabras al 60% de las mujeres les fueron violentados sus derechos constitucionales. De esas, el 25.7% fueron violentadas sexualmente. El mayor porcentaje de violencia de genero está entre las mujeres indígenas, el 67.8% y en la afro-ecuatorianas, el 66.7%. (Agenda Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género, 2014).
Por otro lado, desde 2005 hasta 2011 ha habido un aumento consistente en el número de denuncias receptadas en las Comisarías de Mujeres. En 2011 se recibieron 83.115 denuncias; esto contrasta claramente con las 57.385 recibidas en el 2005. . Esto contrasta aún más, con las 47.132 denuncias presentadas en 1999. (Diagnostico País Ecuador desde la perspectiva de género, AACID, 2011)
Sin embargo, los casos que recibieron convicción es mínimo. En el caso de violación sexuales en 2005 se registraron 8.735 denuncias y solo 131 sentencias. En 2008, 10.672 denuncias fueron hechas y 300 casos sentenciados (AACID, 2011). En todos estos casos se podría argumentar que en cierta manera reflejan una clara tendencia de crecimiento en los casos reportados y en las sentencias aunque se nota claramente el bajo nivel de convicciones, y esto podría reflejar poca seriedad del proceso judicial con respecto a garantizar la no inmunidad.
No cabe duda que el gobierno ha asumido con mayor seriedad la necesidad de capturar estas estadísticas con precisión y regularidad. A pesar de que la encuesta nacional es un gran esfuerzo gubernamental, no se puede ignorar que los resultados reflejan dos aspectos importantes y problemáticos:
El 90% de las mujeres en el Ecuador han experimentado algún tipo de violencia de género y el 69% de las niñas en el país han sido violentadas sexualmente
Estos datos son recogidos en 2011, cuatro años después del Decreto Presidencial 620, donde se proclama el plan nacional para la erradicación de la violencia (PNEVG, 2007). Y hoy, a 8 años de este decreto todas las indicaciones apuntan al continuo aumento de la violencia de género en todas sus formas.
¿Qué dicen las mujeres y otros expertos con respecto a esta realidad?
Las mujeres en el Ecuador, especialmente las feministas, han manifestado de muchas maneras y en diferentes foros su frustración, desilusión y molestia con la revolución ciudadana y particularmente con el presidente Correa y sus más cercanos colaboradores. Las mujeres en funciones y puestos de gobierno la mayoría han sido cautelosas y no han vociferado sus posiciones, al menos públicamente y las pocas que lo han hecho han sido amonestadas y disciplinadas directamente por Correa.
La fuente más abierta y reconocida en la que se hacen manifestaciones de estas molestias y cuestionamientos es el Informe Sombra presentado por las líderes de los movimiento de mujeres en el país al foro internacional, Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas Para la Discriminación de la Mujer, (CEDAW). CEDAW es un organismo adscrito a la ONU y Ecuador es miembro desde el 1981.
En este informe se analiza la situación de las mujeres en el Ecuador, y además se discuten los procesos y cambios constitucionales a favor de la igualdad de la mujer y por la eliminación de la violencia de género creados en los últimos años. Se documenta además la situación de la mujer en las áreas de interés de CEDAW y presenta un detallado estado de la “peligrosa” situación de las mujeres en varias importantes áreas: derechos humanos, violencia, educación, salud, trabajo, derechos sexuales y reproductivos, participación política, situación de las mujeres rurales, indígenas, afro-ecuatorianas y la situación de las mujeres privadas de libertad.
A través de la presentación de estos temas se hace un análisis crítico y especifico de las gestiones gubernamentales en la implementación de los mecanismos institucionales para garantizar los derechos de la mujer. El análisis constantemente hace alusión a “las preocupaciones e inquietudes” sobre la habilidad de gobierno y sus representantes en garantizar la implementación constitucional de los derechos de la mujer. El informe alude a problemas en la implementación de leyes secundarias y normativas y además plantea la débil institucionalidad y jerarquización de los mecanismos para la implementación de los derechos de las mujeres, por lo tanto hay preocupación de que el estado, la revolución ciudadana, aun no garantiza los derechos constitucionales de las mujeres.
El informe cuestiona los niveles de efectividad y además cuestiona la participación civil y ciudadana en la conceptualización de los planes y formulación de los métodos de implementación de importantes programas y planes nacionales, como el ya mencionado Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Genero, la Ley de Consejos de la Igualdad y el Plan Nacional del Buen vivir. Cuestiona además la reciente aprobación del Nuevo Código Integral Penal (2014), argumentando que a pesar que la constitución garantiza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el continuar la penalización por la interrupción del embarazo es una violación de sus derechos humanos victimizando doblemente a la mujer en el caso de las mujeres embarazadas por violación. Según el informe todas estas realidades, además de la creciente desvinculación de las mujeres en los procesos decisionales en cuanto a sus derechos, apuntan a un retroceso político y a una seria debilitación constitucional llevando esto a que las mujeres pierdan derechos básicos.
Otros “expertos” en el campo de los derechos humanos y de género como la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), también hacen un detallado y abarcador análisis de la situación de la mujer en el Ecuador (2011).
Sus conclusiones son parecidas a las de las reportadas en el informe para la CEDAW. Ambos consultores concluyen que a pesar de existir en el Ecuador un marco constitucional y legal favorable a los derechos de las mujeres, hay una debilidad constitucional y sobre todo argumentan que existe una debilidad en la autoría de las mujeres en los procesos políticos y sociales. Como ejemplo de esa ausencia de participación y liderato de las mujer se da la ausencia de representación de las mujeres a raíz de la desmantelarían de CONAMU en 2009, entidad que por años organizo las inquietudes y las necesidades de las mujeres en una sola y efectiva voz.
Aunque en 2014 se legisla la Ley de Consejos de Igualdad, se argumenta que en su implementación y formación de los consejos se perdió representación civil y social. Esta situación crea una seria desconexión entre lo gubernativo, la revolución ciudadana, sus líderes y las mujeres.
Recientemente, se desarrolló en el país una reveladora polémica con respecto a la ENIPLA (Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención). Reveladora porque pone al destape profundos temas de valores religiosos y morales con respecto a derechos de la mujer, particularmente los referentes al derecho sexual y reproductivo.
ENIPLA fue, fundada en 2011 y recientemente sustituida por Plan Familia Ecuador. Este organismo fue la institución máxima para delinear, implementar y supervisar la política nacional que sostenía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Ecuador. Este cambio abonó aún más al malestar en el país con respecto a los derechos de la mujer. Pero sobre todo añadió fuerza a un ya existente ambiente de criminalización del aborto con la resultante violentación de las mujeres y sus derechos.
Más grave aún, cuando es el mismo presidente Correa el vocero de estos cambios operacionales, el mensaje es mucho más devastador. Correa con un tono arrogante intenta desprestigiar las acciones del ENIPLA, argumentando que las prácticas y formas de salud sexual y reproductivas impulsadas por ENIPLA violan la constitución del país con respecto al derecho a la vida y los valores. Correa argumentó la existencia de un exceso en formas libertarias, “hedonismo puro y vacío” y agregó que en adelante las políticas de planificación familiar estarán fundamentadas en “los valores de la familia ecuatoriana”.
Lo cierto es que no hubo una abierta y apropiada discusión evaluativa del trabajo del ENIPLA. Esta fue la gota que desbordó el vaso y cimentó el impasse de la conversación sobre los derechos la mujer en Ecuador. Para complicar el contexto, es necesario mencionar que quien está al mando de esta nueva estructura Plan Familia Ecuador, Mónica Hernández, una mujer con fuertes lazos con el Opus Dei y los sectores más religiosos y conservadores del país.
Resumiendo, podríamos decir que la relación entre las mujeres y sus lideresas y la revolución ciudadana, particularmente con el Presidente Correa, es tensa y refleja desconfianza de las lideresas con respecto a la “voluntad política” del gobierno y sus funcionarios en la defensa de los derechos de las mujeres. Las mujeres argumentan arrogancia y machismo por parte del gobierno, sus estructuras y sus dirigentes.
La comunidad LGBTI, también ha expresado desconfianza y preocupación. Lía Burbano Mosquera, vocera de MUJER & MUJER, manifiesta en noviembre pasado (2014), en su Encuentro de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Personas Trans de la Costa Ecuatoriana, que “la comunidad LGBTI está siguiendo muy de cerca las acciones del gobierno de la revolución ciudadana y sus dirigentes. Muchos de nosotras/nosotros hemos participado en varias formas y a diferentes niveles en este proceso nacional de transformar nuestro país en uno de respeto por la igualdad y los derechos de las mujeres y los derechos nuestra comunidad LGBTI. Muchos de nosotras/nosotros participamos en el pasado proceso constitucional de nueva fe y con muchas esperanzas. Hoy estamos frustradas, un poco decepcionadas, pero sobre todo estamos a la expectativa de ver hacia donde se dirige este proceso, hacia donde se dirige Correa y su gobierno.” (Guayaquil, 2014)
Lo que Correa y sus colaboradores más cercanos no ven o no aceptan es que polarizando a las mujeres de esa manera le está restando fuerza a su revolución ciudadana, pues hay una directa correlación entre cuan en serio la revolución ciudadana toma a las mujeres en los proceso políticos y cuan profundas son las raíces y apoyo que la Revolución Ciudadana recibirá en la sociedad.
Los hombres, y mujeres, arquitectos de la Revolución Ciudadana no ven que para transformar la sociedad tiene que construirse una relación seria y estratégica con las mujeres a través de sus organizaciones autónomas y vocerías. Y si estas organizaciones no existen o son débiles, como podría ser el caso del Ecuador, debe ser misión estratégica del gobierno de la Revolución Ciudadana el estimular y apoyar su construcción y consolidación.
Más aun, los líderes fallan en ver que hay una directa relación entre la seriedad en que la Revolución Ciudadana toma a las mujeres y en la calidad participativa y democrática en los procesos de cambio en su totalidad. De hecho fallan en ver que, la calidad y consistencia en esta relación política con las mujeres determina la línea de demarcación entre reforma o revolución. El aliado estratégico para “erradicar” la violencia de género son las mujeres, no la iglesia, porque son las mujeres las que están situadas en una posición de fuerza para incidir en los patrones culturales que producen y reproducen la cultura de género y desigualdad, fuente de la violencia y a la vez garantizador del patriarcado. Esta situación de fuerza colocan a las mujeres en un inmenso potencial revolucionario. La participación de las mujeres autogestionarias e independientes determina el carácter revolucionarios de las transformaciones, o le imprime el sello reformista si son excluidas.
Conclusiones
En el Ecuador existe un marco constitucional favorable a la defensa de los derechos de la mujer, en particular hay un extenso y sofisticado cuerpo legal a través del cual se podrían hacer significativos avances en la erradicación de la violencia de género. A la misma vez, Ecuador es un buen ejemplo de lo difícil que es utilizar un marco institucional positivo y progresista para tener un impacto en la violencia de género.
Aunque Ecuador actualmente está sostenido política e ideológicamente en un marco socialista y revolucionario, la Revolución Ciudadana, existe un vacío organizativo y de liderato que pueda garantizar los derechos humanos instituidos en sus cuerpos constitucionales y legales. Por un lado, aunque hay organizaciones de mujeres realizando un trabajo importante en áreas como los derechos sexuales, la violencia de género y la participación política, no hay un movimiento popular articulado con vocería propia de mujeres asumiendo sus luchas.
Por otro lado, todo parece indicar que Alianza País y el Presidente Correa han marginado, aislado e ignorado los movimientos populares, incluyendo a la comunidad LGBTI. En especial, el Presidente Correa ha desplegado una actitud arrogante y preponderante en sus quehaceres y conversaciones públicas, como ha sucedido en otros países latinoamericanos. Los hombres de izquierda están tan aferrados al poder machista como los capitalistas, lo están. Esto ha creado un estancamiento en las conversaciones progresistas en el país.
Si le añadimos a este cuadro, las raíces religiosas y conservadoras que enmarcan los aspectos culturales y subjetivos en el país, podemos entender el impasse, o estancamiento que existe. Como lo han expresado las mujeres ecuatorianas: “esto es violencia simbólica”; “estas son leyes que caminan para atrás; “aquí no hay una política preventiva que incida en los patrones culturales”; “hay problemas, estancamientos y retrocesos’; “hay que rehabilitar a los hombres y reeducar a la comunidad”; “aquí no hay voluntad política” “saquen el crucifijo de nuestras vaginas”, “estamos frustradas, un poco decepcionadas y sobre todo estamos a la expectativa”; “hay machismo en las estructuras gubernamentales”.
Así vemos que Ecuador, es un buen ejemplo de lo difícil que es incidir en los patrones culturales para interceptar los aspectos subjetivos en la sociedad, pues aunque existe un ambiente constitucional amplio y a fin, además hay un gobierno y dirección nacional de izquierda y socialista, los avances no son suficientes y generalizados.
Pero para ser justa en este análisis debo añadir el siguiente punto que completa el cuadro de las dificultades para “erradicar” la violencia de género.
La realidad es que mientras el patriarcado exista la violencia podría ser controlada o reducida, pero no eliminada. Podemos asegurarnos de que el abusador sea sentenciado, podemos aliviar el dolor y las cicatrices dejadas en la víctima, podemos apoyarla en el proceso de construirse una vida sin violencia, y podemos intentar salvarle la vida. Indudablemente aspectos y logros bien importantes. Pero no podemos “erradicar” la violencia de género.
La violencia de género es una enfermedad que no se cura porque para erradicar la violencia de género tenemos que erradicar el patriarcado, fuente de esta violencia.
Los esfuerzos para “erradicar la violencia de género” necesitan, la intención, la voluntad político/social, cultural y del gobierno de la Revolución Ciudadana para incidir en la subjetividad de la sociedad– no solo en la materialidad – pues es la subjetividad lo que mantiene vivo al patriarcado y sus formas machistas en la vida cotidiana. Y eso es algo que el patriarcado y sus defensores, incluyendo nuestros compañeros de izquierda, no están dispuestos a conceder. No están dispuestos a iniciar un proceso de crecimiento emocional y de madurez personal y política los cuales los lleven – y nos lleven a todas/todos- a superar sus privilegios de hombres, y así de codo a codo con las mujeres, erradicar al patriarcado y seriamente transformar al mundo.
Referencias
- AAIC, “Diagnostico país Ecuador desde la perspectiva de género”; 2011; Ecuador
- AECID, “Plan de acción de género en desarrollo 2011-2014”; 2011; Ecuador
- AECID, “Elaboración de línea de base y herramientas de medición de los indicadores Generales del plan de acción de género en Ecuador, 2011-2014″; 2011; Ecuador
- Informe sombra al CEDAW, 2014; Ecuador
- RIDH; Ecuador ante el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer; 2015; NYC
- Buendía Silvita; “Las leyes que caminan para atrás”; GkillCity.com; 2015
- Fontania Marta; “Que es el patriarcado; Mujeres en Red; marzo, 2008
- Herrera Coral; “La crisis de la masculinidad y los nuevos hombres” La RED 21; agosto, 2012 Mejía Daniela; “El machismo en Ecuador sigue sosteniendo la violencia de género” El Universo, 8 de Marzo, 2015.
- Otero Ivana; “Mujeres y violencia. El género como herramienta de intervención”; Política y Cultura; No 32; Enero, 2009; México
- Plan Nacional Erradicación de la violencia de genero hacia la niñez, adolescencia y mujeres; Decreto 620
- ONU Mujeres Ecuador; “Erradicación de la violencia en contra de las mujeres y niñas “; 2015
Author Profile
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Ada Ivonne Vázquez es psicóloga. Nació en Puerto Rico y vivió por más de 25 años en Estados Unidos. En South West University, New Orleans, realizó sus estudios doctorales y en el Instituto de Psicoterapia y Normalización de Crisis, New York, sus estudios de post grado.
Ejerció su profesión como docente por más 10 años, además de mantener una práctica clínica por más de 15 años. Su área de especialización e investigación son los temas de género, particularmente la violencia contra las niñas y las mujeres.
De hecho, su tesis doctoral estuvo enfocada en el tema y se tituló "La terapia social como una efectiva metodología para prevenir la violencia familiar".
Además de su trabajo como feminista, le dedicó esfuerzos al trabajo comunitario en las comunidades afro-americanas y latinas en NYC, participando en esfuerzos organizativos relacionados con la garantía de los derechos democráticos de las comunidades pobres en la política de esa ciudad.
Actualmente reside en Ballenita, Santa Elena (Ecuador), donde se ha dedicado principalmente a la escritura literaria y al trabajo voluntario en organizaciones comunales y feministas.
Correo electrónico: ivonne100@aol.com
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